Como representantes estudiantiles, lamentamos las muertes que se han dado en Bagua, tanto de civiles como de policías, pues creemos que todas las vidas tienen el mismo valor. Además, rechazamos cualquier acto de violencia acaecido en el país, y queremos manifestar lo siguiente:
Por último queremos reiterar que defendemos la libertad de expresión por parte de los estudiantes de nuestra universidad, siempre y cuando no afecte a terceros. En ese sentido, condenamos cualquier acto violento que coacte el derecho al uso público de la razón, como en el caso de la marcha pacífica del 11 de junio.
- Consideramos necesario que se levante el estado de emergencia en las zonas de conflicto, y a su vez, que se reinstaure el diálogo. Para esto, es indispensable que se desmilitarice la zona y que cese la toma de las carreteras, pues creemos que no contribuyen a la solución del problema.
- Llamamos a los medios de comunicación y a la sociedad civil a proponer activamente salidas pacíficas y de consenso, en lugar de agrandar el conflicto tendenciosamente y aprovechar la coyuntura para la polarización del país. Asimismo, pedimos a la prensa una información más clara y verídica sobre lo que acontece.
- Este conflicto debe ser un llamado a la sociedad para generar un debate amplio acerca de los modelos de desarrollo viables por los que podemos optar como país. Es tan importante preservar nuestra biodiversidad y proteger a las poblaciones nativas del desarraigo como asegurar nuestros recursos energéticos.
- Reconocemos un problema estructural de falta de comunicación entre el gobierno peruano y la sociedad civil. En este sentido, el actual conflicto no representa un hecho aislado, sino que puede considerarse, en parte, producto de este problema aún irresuelto. Pensamos que es necesario mejorar los mecanismos de representatividad. Asimismo, reconocemos la falta de articulación entre las organizaciones sociales y los gobiernos regionales frente a la toma de decisiones. Planteamos, para la resolución puntual de este conflicto, que se forme una comisión mediadora entre representantes amazónicos de AIDESEP y del gobierno central, así como de los gobiernos locales, ONGs y la sociedad civil organizada en su conjunto. Al mismo tiempo, pensamos que es necesario reforzar los mecanismos de canalización de las demandas de la sociedad civil. Instamos a los representantes locales a tener más protagonismo en la resolución de la problemática local y a comprometerse con ella.
Por último queremos reiterar que defendemos la libertad de expresión por parte de los estudiantes de nuestra universidad, siempre y cuando no afecte a terceros. En ese sentido, condenamos cualquier acto violento que coacte el derecho al uso público de la razón, como en el caso de la marcha pacífica del 11 de junio.
