NO A LA CORRUPCION INSTITUCIONALIZADA

Los últimos actos de corrupción de Estado que se han puesto al descubierto, hacen necesario distinguir si frente a tales actos se esta utilizando el término correcto con el cual se debe denominar a quienes incurren en la comisión de delitos de las dimensiones como las que se han puesto en el tapete público, denominación que consideramos necesario requiere de una precisión acorde a los hechos citados y que a través del presente artículo pretendemos ponerlo a consideración del lector y de los interesados en temas de corrupción.

En términos comunes y jurídicos, se denomina delincuente a quien vulnera, arremete o transgrede los límites establecidos por la ley, esto es, al que hurta, sustrae o toma bienes ajenos, al que golpea, hiere o mata a su semejante, al asaltante, al secuestrador, al extorsionador, al que trafica con drogas, armas, dinero falso, al que ultraja sexualmente a menores de edad, al que atenta contra la seguridad y los bienes públicos y privados, al que falsifica documentos públicos y privados, y hasta a aquel que deja de prestar alimentos a sus hijos, se le denomina “delincuente”, por no respetar el bien ajeno, por no respetar la integridad física y la vida de las personas, por no respetar la indemnidad sexual de los menores, por no respetar la salud y la seguridad de las personas y de la sociedad en su conjunto, o por no cumplir con prestar el apoyo económico y moral a los hijos que se procrea, de modo que dentro de los usos de la sociedad quienes se ponen al margen de la ley se han ganado la denominación de “delincuentes”.

Como puede calificarse entonces a aquel servidor o funcionario público, y específicamente a aquellos que ostentan dichos cargos por influencias políticas, directas o indirectas, abiertas o encubiertas, reales u ocultas, que aprovechando del cargo, función o posición política, no solo copan cargos públicos con allegados políticos sino también con familiares y “amigotes” incondicionales en todas las instancias públicas, sino tambien que amparados en el mismo poder político oculto manipulan, manejan y definen contratos, licitaciones, concursos y amén de denominaciones, con la finalidad concreta de obtener un beneficio económico que con la mayor desverguenza ahora lo denominan “honorarios de trámite, de asesoría o de éxito”, que en buena cuenta solo vienen a ser un cambio de las famosas terminologías conocidas como “comisiones” ó “coi-misiones”, con los cuales siempre se han beneficiado aquellos políticos sucios que llegan al poder con ese sólo afan de enriquecerse a costa de los bienes y dineros públicos que finalmente pertenecen al pueblo peruano en su conjunto, y recordemos también que el caso de la concesión de los lotes de petróleo, viene a ser un solo caso que se ha puesto al descubierto si se tiene en cuenta los innumerables concursos o licitaciones que respecto a los bienes, servicios o recursos naturales de nuestro país se llevan a cabo y en los cuales están en juego miles o millones de dólares, cuya situación o destino desconocen la gran mayoría de los peruanos. De nada valdrán los esfuerzos de los máximos representantes del Gobierno y de la política actual en pretender eludir su responsabilidad en estos últimos actos de corrupción, porque los hechos y pruebas que hasta el momento se han presentado involucran a sus más altos representantes, y asi lo percibe la ciudadanía en su conjunto o en su gran mayoria, que no duda en señalar que en nuestro país existe una CORRUPCION INSTITUCIONALIZADA en todos los niveles de la administración pública en su conjunto, solo que esta actúa de forma imperceptible, oculta, encubierta y silenciosa.

Si al ciudadano común que por necesidad, vicio o mania roba, hurta, arrebata o sustrae un mobile, o a aquel que ingresa a un domicilio y sustrae artefactos o bienes diversos, esto es, a aquel que toma bienes ajenos se le denomina delincuente, entonces a aquel funcionario público que utilizando el cargo público, percibiendo un haber del Estado y amparado en el poder politico, se enriquece adicional e ilegalmente a costa del cargo, tomando para sí, para otro o por intermedio de otros, los bienes y dineros del Estado, es obvio que tambien se le debe de denominar como “delincuente público y político”, porque igualmente no sólo ha transgredido los limites de la ley y de nuestro ordenamiento penal, sino tambien porque con este tipo de conductas atenta en contra de la moral pública, cuya primera consecuencia es la total desconfianza de la ciudadanía en el sistema democrático y en las instituciones públicas que lo representan .

Resulta pues penoso reconocer que nuestros políticos actuales, o por lo menos la gran mayoria, utilicen la política para hacer daño al país y a la moral pública, creemos que la política en esencia debe de ser utilizada para servir al país y para trabajar en beneficio de los millones de pobres que esperan mucho de sus gobernantes, pero cuando vemos que los políticos utilizan su posición y los bienes del Estado, para beneficio propio y utilizando artificios ilegales, no debemos dudar en llamarlos por su denominación cabal, esto es, como “delincuentes públicos políticos”, y ojalá que por ello y por un poco de vergüenza, dejen de actuar como tales y dejando de lado poses y afiches engañosos, realmente trabajen por nuestro país.

Por lo que la representación estudiantil de la PUCP desaprueba cualquier acto que vaya contra la democracia y la sociedad del respeto, entonces queda como estudiantes manifestarnos ante estos hechos y manifestar nuestro desacuerdo .

Sigamos trabajando desde nuestras actividades por la mejora del país y una sociedad “sin corruptos”.

SARA CARRILLO PALOMINO